QUÉ ADMINISTRACIÓN QUEREMOS

 +Gema Villa 

Más de una vez, he visto a varios amigos que realizaban sus tesis doctorales en Zaragoza volver urgentemente a su país para votar en las elecciones de rector de su Universidad. Su puesto de  trabajo dependía de la continuidad de una determinada persona en el cargo electo o del partido que lo sustentaba.

Frente a ese modelo, los países con democracias más avanzadas han desarrollado otro en el que se promueve la estabilidad laboral del funcionariado para asegurar la continuidad del servicio público cuando se produce la lógica alternancia democrática y como una garantía frente a los posibles excesos del poder político.

En nuestro país, la primera administración democrática, primeros años ochenta, luchaba por  acercarse al segundo modelo. 
A principios de los noventa, con los servicios públicos aposentados y la experiencia de los intercambios con Europa, era el momento de haber abordado ajustes duraderos con una reforma seria de la función pública. Pero quedó en agua de borrajas. En la administración se ha ido fortaleciendo el poder del estamento político y de los partidos que lo sustentan, no sólo en el diseño de qué políticas desarrollar, lo que es su función, sino en el cómo desarrollarlas y por quién, lo que no lo es. Han proliferado sociedades, empresas públicas y otras fórmulas para eludir procesos de contratación respetuosos con la máxima de igualdad, mérito y capacidad en el acceso. 
Y ha aumentado el personal de libre designación, camuflado en múltiples ocasiones como asesores y asesoras, vía para devolver favores de partido e incluso para colocar o ascender a personas con vínculos en la cúspide. Esta forma de proceder ha tenido graves consecuencias y el incremento del gasto público no es la peor. Uno de los efectos más dañinos ha sido el blindaje de los cargos políticos electos por los numerosos cargos de libre designación, lo que ha dificultado la posibilidad de frenar algunos de los desmanes y delitos que están saliendo a la luz.

También en el estamento técnico ha ido prevaleciendo un itinerario de mejora profesional y salarial basado en el amiguismo, en el servilismo y en la militancia interesada, en detrimento de la cultura del esfuerzo, la formación permanente, la evaluación continua y la eficiencia en la gestión. Esto se refleja en los elevadísimos porcentajes de funcionariado en comisión de servicio y en que cada vez se realizan menos concursos de méritos para acceder a los puestos de responsabilidad técnica. 
Todo ello está llevando a un descrédito de la función pública y a una administración cada vez más alejada de la ciudadanía y del tejido social. Y si la situación no es peor, se debe al esfuerzo personal de un porcentaje importante de los empleados y empleadas públicos que, contra viento y marea, continúan haciendo su trabajo con una profesionalidad admirable.

Cabría imaginar que, ante una situación de crisis como la que vivimos, se tomarían medidas serias de gestión eficiente, en lugar de optar por lo más fácil: realizar recortes de servicios y reducir el salario y los derechos de los empleados públicos. Cualquier medida es justificada en nombre de la crisis, aprovechada por quienes maniobran sin descanso para “adelgazar” la administración, movidos por la codicia que muchos servicios públicos despiertan en “su” iniciativa privada. 
La situación empeora y cada día que pasa es más urgente plantarle cara a este tsunami. Para ello no podemos partir de cero. Tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a analizar, a evaluar lo que se ha hecho, a detectar las buenas prácticas y promoverlas, y a exigir responsabilidades por las malas decisiones adoptadas y por los errores cometidos por cualquiera de los actores implicados.

Pero lo primero y más urgente es poner orden en la intervención política y técnica en las administraciones españolas. A los cargos electos les compete definir qué se hace desde la administración, pero tienen que mantenerse alejados de las decisiones sobre el cómo y el quién.

La gravedad de la crisis y el desapego cada vez mayor de la ciudadanía exigen un pacto social para avanzar hacia un modelo de administración transparente, profesional, justa, participativa y responsable. Todos, pero especialmente los partidos políticos y los sindicatos, que por acción u omisión tanto han contribuido a la situación actual, deberíamos de reflexionar sobre ello.

Gema Villa Bermejo, periodista y funcionaria

Artículo publicado en El Heraldo de Aragón, el 2 de noviembre de 2012